La reciente movilización de comerciantes informales en Reynosa ha llamado la atención no solo por su reclamo contra el cobro de derechos municipales, sino por las figuras que han emergido como sus supuestos defensores. Luz Blázquez Hernández, quien ha sido el rostro más visible de la protesta, asegura que su papel es meramente de apoyo, pero su protagonismo y cercanía con el diputado de Morena en Tamaulipas, Marco Antonio Gallegos, revelan una agenda que va más allá de la lucha por tarifas justas.
El Ayuntamiento de Reynosa aplicó una regulación que, si bien ha generado inconformidad, se encuentra dentro del marco legal vigente. Los comerciantes informales han operado por años con costos reducidos y sin una supervisión estricta, mientras que los negocios establecidos cumplen con impuestos y contribuciones. La actualización de los cobros—basados en la Unidad de Medida y Actualización (UMA)—es un paso hacia la equidad fiscal, pero ha sido aprovechada por Blázquez y Gallegos como una bandera política para alimentar el descontento social y ganar notoriedad.
El comercio informal se ha triplicado en Reynosa en los últimos cuatro años, invadiendo áreas verdes, banquetas, calles y plazas públicas, afectando la movilidad y reduciendo los espacios de esparcimiento para la ciudadanía. Este crecimiento descontrolado no solo impacta la imagen urbana, sino que también genera competencia desleal y problemas de seguridad. Sin embargo, en lugar de buscar soluciones estructurales, los supuestos defensores de los ambulantes han preferido utilizar el tema con fines políticos, sin plantear alternativas reales.
Marco Antonio Gallegos, lejos de enfocarse en la seguridad y bienestar de las colonias de su distrito, ha encontrado en este conflicto una oportunidad para posicionarse, sin demostrar un trabajo real en el Congreso local. Mientras tanto, Luz Blázquez Hernández, quien insiste en que no lidera el movimiento, se ha convertido en su principal estratega, organizadora y vocera en medios, evidenciando una doble narrativa. ¿Defensa legítima o interés político encubierto?
El derecho al trabajo es incuestionable, pero también lo es la necesidad de orden y regulación en la vía pública. Mientras Reynosa enfrenta los retos de un comercio informal desbordado, personajes como Blázquez y Gallegos aprovechan el descontento para avanzar sus propios intereses. La verdadera pregunta no es si los cobros son excesivos, sino quién se está beneficiando realmente de esta protesta.
En otras ciudades como Torreón, los ambulantes pagan una tarifa diaria de $35 pesos, mientras que en Tonalá, Jalisco, se cobra $11 pesos por metro cuadrado. Sin embargo, municipios con tarifas más bajas han enfrentado un crecimiento descontrolado del comercio informal, generando caos vial, inseguridad y deterioro urbano. En contraste, ciudades con regulaciones estrictas han logrado un equilibrio entre el derecho al trabajo y el orden público, destinando los ingresos a mejorar la infraestructura y servicios municipales. La clave no está en eliminar los cobros, sino en garantizar que los recursos sean bien administrados y que todos, tanto formales como informales, contribuyan de manera justa al desarrollo de la ciudad.
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