Por Martín Juárez Torres
Los recientes decomisos de cocaína realizados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en los cruces internacionales de Pharr, Hidalgo y Anzalduas, vuelven a evidenciar una falla estructural en los controles mexicanos previos al ingreso a Estados Unidos.
En apenas dos días, entre el 11 y 12 de abril, CBP detectó y aseguró más de $1.2 millones de dólares en cocaína escondida en tres vehículos particulares. En total, se confiscaron 48 paquetes de droga con un peso superior a las 48 libras, gracias al uso de escáneres no intrusivos, unidades caninas entrenadas y una labor precisa de inspección.
Lo preocupante de este caso no es solo el intento de contrabando, sino el hecho de que los vehículos cruzaron sin problema los retenes montados por la Guardia Nacional en territorio mexicano, donde diariamente se somete a revisión a cientos de automovilistas.
Mientras los agentes estadounidenses logran detectar la droga con precisión tecnológica y profesionalismo, los operativos mexicanos siguen atascados en métodos arcaicos que no sólo son ineficaces, sino que provocan largas filas, molestia y pérdida de tiempo a ciudadanos que cruzan la frontera por razones legítimas.
Este nuevo caso pone sobre la mesa la urgencia de replantear las estrategias de seguridad de la Guardia Nacional, que parece más enfocada en cumplir con revisiones mecánicas que en implementar tecnología real de detección. El contraste con las capacidades de CBP no podría ser más evidente.
En lugar de ejercer un filtro eficiente que impida que los vehículos cargados con droga lleguen siquiera al puente internacional, la Guardia Nacional mexicana sigue fallando en su tarea principal: prevenir el delito antes de que cruce la línea.
