Solicita Diputado Marco Gallegos informe para conocer acciones que permitan recuperar la confianza de las víctimas
Cd. Victoria, Tam.
El Diputado Local del IV Distrito Electoral, Marco Antonio Gallegos Galván, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas un informe sobre las acciones implementadas para brindar un trato amable y respetuoso a las víctimas del delito, así como de las medidas para agilizar la integración de carpetas de investigación y judicialización de las mismas.
El legislador de Morena presentó el Proyecto con Punto de Acuerdo al pleno legislativo, tras asegurar que la Fiscalía debe mejorar la atención a quienes acuden a presentar una denuncia o querella ante los Ministerios Públicos del Estado, al existir informes sobre la desconfianza en las autoridades, tardanza en la integración de carpetas de investigación y malos tratos a las víctimas de los ilícitos.
El reynosense hizo referencia a un estudio realizado por la asociación México Evalúa en su informe Hallazgos 2018, donde señala que Tamaulipas tiene un 0.1 por ciento de probabilidad de que un hecho delictivo sea resuelto y castigado, debido a que el 99.9% de los ilícitos no se denuncian, lo que se traduce en una impunidad flagrante.
“Eso refleja con claridad como la entidad tiene el mayor índice de impunidad a nivel nacional, con un 99.9 por ciento, debido también en gran medida a que el estado se rezagó en el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, en donde en el año pasado aún se encontraba en esta situación, mientras la mayoría de las entidades federativas ya operaban con este órgano”. indicó Gallegos Galbván.
El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social detalló que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en el 2020 sólo se denunció el 8.6 por ciento de los delitos y de ese promedio, sólo se abrieron carpetas de investigación en el 70.7 por ciento de los casos.
Manifestó que el mismo estudio reveló datos preocupantes, como el hecho de que 4 de cada 10 personas no denuncian por considerarlo una pérdida de tiempo y 6 de cada 10 denunciantes invierten más de 3 horas para que se abra una carpeta de investigación sobre su caso.
“Esta situación empeora cuando las víctimas deciden acudir a denunciar en horarios nocturnos o cerca del cambio de turno, pues se les hace esperar por más de 7 horas, o bien, las personas servidoras públicas les niegan el servicio o solicitan a las víctimas regresar en otro momento. Ello, redunda en una clara violación de los derechos humanos de las personas que desgraciadamente son víctimas de algún delito”, lamento Gallegos Galván.
Otro dato preocupante, es el hecho de que 2 de cada 10 personas no acuden a denunciar por desconfiar de la autoridad, provocando inhibición de la denuncia y acrecentando la impunidad, recalcó.
El Diputado de Morena lamentó además que 7 de cada 10 personas tenga la percepción de los Ministerios Públicos como servidores públicos abusivos y corruptos.
En la exposición de su proyecto, Marco Antonio Gallegos Galván indicó que en un estudio reciente del INEGI, se conoció que 1 de cada 10 personas no acude a presentar denuncias porque considera que los trámites son largos y difíciles.
“En síntesis, la razón principal de las víctimas para no denunciar los delitos ante las autoridades, fue por causas atribuibles a la autoridad con un 59.9%, destacando pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad”, dijo.
Estimó que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar, son por circunstancias atribuibles a la autoridad, en virtud de considerar la denuncia, como pérdida de tiempo con un 33.9 por ciento y la desconfianza en la autoridad en un 14.2 por ciento.
El legislador de Reynosa también recordó que existe una clara violación a los derechos de la víctima, establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no brindar asesoría jurídica, no informar de sus derechos ni del desarrollo del proceso penal; no proporcionar atención médica ni psicológica ni brindar medidas cautelares y providencias para la protección y restitución de sus derechos, como es la reparación del daño.
El documento fue entregado por Gallegos Galván a la Mesa Directiva del Congreso del Estado para su debido análisis y revisión.
