.- A tres lustros del asesinato de 72 migrantes, persisten impunidad, fallas en investigaciones y reclamos de verdad; ¿qué cambió desde entonces?
AgenciaTamNoticias
San Fernando, Tamaulipas, agosto 22 de 2025.
Hace quince años, el hallazgo de 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, estremeció a México y al mundo, exhibiendo con crudeza la vulnerabilidad de quienes cruzan el país en busca de un futuro mejor. Hoy, a tres lustros de aquel 22 de agosto de 2010, las heridas permanecen abiertas y los reclamos de justicia no cesan.
Los hechos ocurrieron en el ejido El Huizachal, donde 58 hombres y 14 mujeres fueron ejecutados por un grupo criminal tras negarse a integrarse a sus filas. El sobreviviente Luis Freddy Lala Pomavilla, entonces un joven ecuatoriano de 18 años, relató cómo logró escapar tras hacerse pasar por muerto y alertar a la Marina sobre la masacre. Su testimonio reveló la brutalidad de los asesinos y las carencias en la atención a víctimas y sobrevivientes.
La tragedia no solo expuso la violencia del crimen organizado, sino también las fallas de las autoridades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2013 la recomendación 80, en la que señaló deficiencias graves en el manejo de cadáveres, la preservación de evidencias y la investigación ministerial. Incluso denunció la pérdida de pruebas balísticas y la omisión de explorar líneas de investigación clave.
Las secuelas del caso fueron inmediatas: días después del hallazgo, el agente del Ministerio Público que llevaba la investigación, Roberto Javier Suárez Vázquez, apareció asesinado junto con el secretario de Seguridad de San Fernando, un hecho que incrementó la percepción de colusión y vulnerabilidad institucional.
En los años siguientes, la justicia avanzó lentamente. Entre 2022 y 2025, diversos tribunales dictaron sentencias a integrantes del grupo delictivo responsable, con penas que van de 13 a 82 años de prisión. Sin embargo, organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho insisten en que las condenas individuales no borran las deudas del Estado mexicano en verdad, reparación y garantías de no repetición.
La masacre de los 72 no fue un hecho aislado. En 2011, en el mismo municipio, se localizaron 193 cuerpos en fosas clandestinas, reforzando la imagen de San Fernando como epicentro de horror y violencia contra migrantes.
Hoy, el caso sigue siendo un símbolo doloroso: de impunidad, de la fragilidad de los migrantes en tránsito y de la incapacidad institucional para frenar el crimen organizado. Quince años después, San Fernando continúa cargando el estigma de aquella noche en que 72 vidas fueron segadas, dejando una herida que aún no cierra.
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