La propuesta del diputado Isidro Vargas Fernández para que el Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, tome el control de las Comapas, ha generado críticas por el riesgo de centralizar el poder y debilitar la autonomía municipal.
Por: Martín Juárez Torres
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 14 de agosto de 2024.- Una propuesta de reforma a la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, presentada por el diputado local de Morena, Isidro Vargas Fernández, ha encendido el debate en torno a la gestión del agua en el estado. La iniciativa pretende que los consejos de administración de los organismos operadores de agua municipales, conocidos como Comapas, pasen a estar bajo la presidencia del Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, quitando esta facultad a los alcaldes municipales.
El argumento del diputado es que esta medida permitiría al gobierno estatal intervenir directamente en la gestión de las Comapas, muchas de las cuales están al borde de la quiebra debido a deudas y malas prácticas administrativas. Sin embargo, esta centralización del control ha sido vista con escepticismo, ya que podría erosionar la autonomía de los municipios y concentrar aún más poder en el Ejecutivo estatal.
Críticos de la iniciativa sostienen que la solución no reside en quitarle a los municipios el control de las Comapas, sino en fortalecer las capacidades locales para una gestión más eficiente y transparente. La centralización propuesta podría marginar a las autoridades municipales y a la ciudadanía, quienes tienen un conocimiento directo de las necesidades y problemas específicos en sus comunidades.
Además, la propuesta de incluir a más diputados y miembros de la sociedad civil en los consejos de administración, aunque bien intencionada, plantea interrogantes sobre la verdadera representatividad y eficacia de estas modificaciones. Existen preocupaciones de que, lejos de resolver los problemas, esta medida podría burocratizar aún más la administración del agua, ralentizando decisiones clave y alejando el control del nivel local.
Otro punto crítico es el manejo financiero. Si bien Vargas Fernández menciona que la reforma busca imponer disciplina financiera y reducir la carga de las nóminas, es válido preguntarse si la centralización del control permitirá una administración más transparente o si, por el contrario, concentrará los recursos y las decisiones en manos de unos pocos, sin un escrutinio adecuado por parte de las comunidades afectadas.
Por último, el papel del Congreso en la supervisión de los gastos de las Comapas, según se argumenta, ya está contemplado en las leyes actuales. La pregunta que muchos se hacen es si esta reforma es realmente necesaria o si, en cambio, responde a una agenda de concentración de poder bajo la excusa de mejorar la eficiencia.
La gestión del agua es un asunto vital que requiere soluciones locales adaptadas a las realidades de cada municipio. La propuesta de Vargas Fernández corre el riesgo de despojar a los gobiernos municipales de una responsabilidad crucial, debilitando su capacidad para responder a las necesidades de sus ciudadanos.
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