¿Qué límites tiene el derecho a informar y opinar? ¿Qué consecuencias puede tener la difusión de noticias falsas o difamatorias? ¿Qué mecanismos existen para proteger la reputación y la dignidad de las personas afectadas por el mal periodismo?
Reynosa, Tamaulipas,. La libertad de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, reconocido tanto por la Constitución Política de México como por diversos tratados internacionales.
Sin embargo, este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que implica una serie de deberes y responsabilidades para quienes lo ejercen, especialmente para los periodistas y los medios de comunicación.
El periodismo tiene una función social de informar, educar y entretener al público, así como de fiscalizar y criticar al poder.
Para cumplir con esta función, los periodistas deben basarse en principios éticos como la veracidad, la objetividad, la imparcialidad, el respeto y la honestidad, asimismo, deben contrastar sus fuentes, verificar sus datos y rectificar sus errores.
Sin embargo, no todos los periodistas ni todos los medios respetan estos principios, algunos incurren en prácticas como el sensacionalismo, la manipulación, la desinformación o la difamación, con fines políticos, económicos o personales.
Estas prácticas pueden causar un grave daño a la imagen y el prestigio de las personas que son objeto de sus ataques, así como a la credibilidad y la confianza del público en el periodismo.
Ante esta situación, ¿qué puede hacer la persona afectada por un mal periodista? ¿Qué derechos le asisten y qué recursos legales tiene a su disposición? Según el artículo 6 de la Constitución Política de México, el derecho a la información está garantizado por el Estado, lo que implica que las autoridades tienen la obligación de proteger tanto a los periodistas como a los ciudadanos frente a las violaciones a este derecho.
Entre los mecanismos que existen para defenderse del mal periodismo se encuentran, el derecho de réplica, la acción civil por daño moral y la acción penal por difamación
Estos mecanismos tienen como finalidad garantizar el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y a la intimidad de las personas, por ello, es necesario que los jueces apliquen estos mecanismos con criterios proporcionales y razonables, teniendo en cuenta el interés público y el contexto social de cada caso.
Lo anterior viene a colación por lo que la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, ex alcaldesa de Reynosa, publicó en su Facebook personal un pronunciamiento en el que niega rotundamente tener algún tipo de participación en el conflicto educativo que se vivió en Tamaulipas durante las últimas semanas.
“Uno en este ambiente político soporta muchas difamaciones y muchas dejo pasar porque al dedicar mi vida a servir a los demás prefiero concentrarme en ayudar que en estar atendiendo mentiras. Pero esta si no la puedo dejar pasar porque es una mentira, es calumnia y difamación, en algo tan delicado como la educación de nuestros niños y jóvenes”, escribió Ortiz.
La ex funcionaria se refirió a una publicación de un medio local que la acusó de patrocinar el movimiento de maestros que dejó sin clases a casi un millón de estudiantes en el estado, así como de intervenir con el gobernador Américo Villarreal y el líder sindical Arnulfo Rodríguez Treviño para solucionar el conflicto.
Ortiz rechazó haber visto al gobernador o al líder sindical recientemente para este o algún otro tema, y afirmó que su deseo siempre ha sido que le vaya bien a la educación por el bien de los niños y jóvenes de Tamaulipas, asimismo, anunció que pondrá una demanda contra el medio y su autor por mentir y difamarla.
