Por: E. Dannay Gutiérrez Ferrara
Reynosa, Tamaulipas. En un caso que pone en tela de juicio la imparcialidad del Instituto Nacional Electoral (INE), el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, se encuentra en una batalla legal por sus derechos políticos como candidato a la reelección, luego de que funcionarios electorales desconocieron un amparo federal que los preserva, según denunció el partido MORENA.
En la sesión ordinaria del Consejo General del INE, el diputado federal Mario Llergo, delegado de MORENA en Tamaulipas, presentó una denuncia exigiendo la remoción del vocal ejecutivo Sergio Iván Ruiz Castellot y del titular del Registro Federal de Electores en Tamaulipas, Alejandro Sosa Durán, a quienes acusó de actuar con “extrañeza” y “dobles raseros” en perjuicio de Peña Ortiz.
“El vocal ejecutivo tenía pleno conocimiento del amparo que le otorgó la justicia federal a nuestro candidato, preservándole sus derechos político-electorales. Sin embargo, actuó con inusitada diligencia para negar esos derechos a petición de un juez del fuero común”, declaró Llergo.
El dirigente morenista contrastó este caso con el registro aprobado para Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato a diputado federal, pese a las pruebas presentadas por MORENA sobre su inelegibilidad por falta de residencia y su condición de prófugo de la justicia.
“Nos parece de una extrañeza singular este proceder, concluimos que Cabeza de Vaca todavía opera y tiene tentáculos en quienes imparten justicia en Tamaulipas”, expresó Llergo, quien advirtió que presentarán las pruebas para exigir la remoción de los funcionarios señalados.
“Ahí está la rueda de prensa y ahí están las entrevistas que ha dado en diversos medios de comunicación en este tema, cuando es la autoridad electoral que se debe conducir con imparcialidad, con certeza en este tema.”
Llergo denunció además que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE no ha respondido los oficios donde MORENA impugnó el registro de Cabeza de Vaca, evidenciando un presunto “doble rasero” en las decisiones.
Por su parte, el equipo jurídico del alcalde Peña Ortiz presentó un juicio ante la Sala Regional de Monterrey para proteger sus derechos ciudadanos, así como una solicitud de reincorporación al padrón electoral tras la negativa del INE.
Acusaron una “actuación sesgada y parcial” de las autoridades electorales, supuestamente por presiones e intereses del exgobernador Cabeza de Vaca, y confiaron en que prevalecerá el Estado de Derecho.
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