CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas aseguró 73 residencias, ranchos y departamentos que fueron usados para cometer delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, secuestro o tráfico de personas en los últimos tres años.
Información revelada por la entidad encargada de la procuración de justicia, indica que Victoria y Güemez son los municipios donde se realizaron la mayor cantidad de aseguramiento de terrenos y casas en las labores de prevención y combate a los delitos.
De las 73 propiedades aseguradas por la PGJT, en solo seis casos fueron devueltos a sus propietarios, esto luego de comprobar su legal propiedad y que no tuvieron participación en los hechos delictivos que se desarrollaban.
Por el delito de enriquecimiento ilícito son 26 propiedades aseguradas, de los cuales 14 fueron en Ciudad Victoria durante el año 2018, mientras que 11 casos fueron en el municipio de Güemez, los cuales continúan asegurados.
De acuerdo al Código Penal de Tamaulipas el delito de enriquecimiento ilícito es cometido por funcionarios públicos que no puedan acreditar el legitimo crecimiento de su patrimonio o su legitima procedencia.
Las sanciones que se aplican a los responsables del enriquecimiento ilícito son el decomiso en beneficio del estado de los bienes que no logre acreditar, o penas de carcel que van de dos a 14 años de prisión.
Por el delito de secuestro fueron 19 las propiedades que fueron aseguradas por las autoridades ministeriales de la entidad, de las cuales 10 fueron en la ciudad de Nuevo Laredo, cinco en Ciudad Victoria, una en Madero, dos en Tampico y una mas en Padilla.
En Ciudad Victoria ademas de las 14 propiedades por enriquecimiento ilícito, las cinco por secuestro hubo 10 propiedades más que fueron aseguradas, esto por delitos como homicidio doloso, delitos contra la salud y asociaciones delictuosa.
Para la ciudad de Reynosa son cinco propiedades aseguradas, por delitos de narcomenudeo, ataques a los medios de transporte y atentados a la seguridad de la comunidad, mientras que en Matamoros son 10 casos por trafico de personas, armas de uso exclusivo del ejército y atentados a la seguridad de la comunidad.
