Las diputadas Olga Juliana Elizondo y Valeria Santiago, detectan irregularidades monetarias en el INE, ascienden a más de 224 millones de pesos.
Las legisladoras denunciaron la responsabilidad del ex consejero electoral Lorenzo Córdova, así como del ex secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, quienes estaban directamente a cargo de la administración del servicio de verificación de los datos de la credencial para votar.
Cámara de Diputados, a 9 de octubre de 2023.
Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de protección de datos personales de la ciudadanía y la transparencia de los recursos públicos administrados por el Instituto Nacional Electoral (INE), las diputadas federales Olga Juliana Elizondo Guerra y Valeria Santiago Barrientos presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La iniciativa busca normar el servicio de verificación de los datos de la credencial para votar, un instrumento promovido por el INE para que instituciones públicas y privadas, realicen una confrontación de datos que les permita constatar la veracidad de la credencial presentada por parte de quienes busquen contratar un crédito, realizar trámites o la apertura de una cuenta bancaria, y prevenir fraudes.
Para las legisladoras, la ausencia de una regulación sobre dicho servicio vulnera el derecho a la protección de datos de la ciudadanía. Cuestionaron la falta de transparencia de los recursos recaudados por ese servicio, y que son administrados a través del fideicomiso denominado “Fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral”.
De acuerdo con la respuesta del Instituto Nacional Electoral a la solicitud de información 330031423000350, durante 2022, esta autoridad electoral facilitó 224 millones 419 mil 742 verificaciones de datos de credenciales para votar en favor de 62 instituciones privadas y 11 instituciones públicas. No obstante, únicamente se alcanzó una recaudación de 50 millones 325 mil 152 pesos con 67 centavos, a pesar de que debió recibirse ingresos superiores a los 224 millones, dado que el cobro unitario aproximado por verificación asciende a un peso; lo que representa un detrimento de casi 78 por ciento de ingresos por dicho concepto.
Evidenciaron la responsabilidad del ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, así como del ex secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. “(…) podemos deducir que el Servicio de Verificación ha sido utilizado en total opacidad, al no contar con mecanismos establecidos en la Ley que permitan la rendición de cuentas del dinero efectivamente cobrado, así como investigar y, en su caso, sancionar a quienes ilícitamente se hayan enriquecido a costa del servicio público.”
De esta forma, el proyecto de decreto propone adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para definir qué es un servicio de verificación de los datos de la credencial para votar; el derecho de la ciudadanía a consentir y conocer sobre el uso y tratamiento de sus datos personales inscritos en el Registro Federal de Electores; así como la instrumentación del servicio de verificación por parte de la autoridad electoral, que incluye la prohibición de destinar cualquier cuota de recuperación a la constitución u operación de un fideicomiso.
En cuanto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se busca establecer una pena de un año a siete años de prisión a quien, trate, altere, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito de documentación que contenga datos personales, con el fin de alcanzar un lucro indebido. Sanción que actualmente es de seis meses a cinco años y que podría aumentar en una mitad cuando se trate de una persona empleada de una institución bancaria o financiera.
Finalmente, se propone reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para sancionar con cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que, además de documentos, altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de información relativa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores.
